Organizaciones civiles envían carta al presidente Luis Arce por la muerte de Crístofer Q. P.

En diciembre de este año, en su informe final de recomendaciones y observaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado boliviano respecto a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Comité contra la Tortura (CAT) del Sistema de Naciones Unidas, lamentó que Bolivia no haya presentado, en su informe del 25 y 26 de noviembre, datos estadísticos completos y desglosados de los decesos en cárceles del país, por lugar de detención, sexo, edad, origen étnico y causa de la muerte, en el período 2014- 2020, tampoco información detallada sobre los resultados de las investigaciones de esas muertes y las medidas concretas adoptadas para evitar que se produzcan casos similares. El Comité expresó su preocupación en particular también por no contar con dicha información en el contexto de la pandemia por el Covid-19.

En el punto 37 del informe final, el Comité “urgió al Estado boliviano a asegurar que todos los casos de muerte durante la privación de libertad sean investigados con prontitud y de forma imparcial por un órgano independiente, teniendo debidamente en cuenta el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas”. Además de revisar la eficacia de los programas de prevención, detección y tratamiento de enfermedades infecciosas en las cárceles.

En este contexto, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), la Fundación Construir, junto otras redes de organizaciones e instituciones defensoras de los Derechos Humanos, entre nacionales e internacionales, además de personas particulares enviaron una carta pública al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, exigiendo una debida investigación, identificación de los autores (materiales e intelectuales), e inmediato proceso penal, por la violenta muerte de Crístofer Q.P., de 27 años, en el penal de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro, en La Paz, el 17 de octubre, y cuyo cuerpo presentaba signos evidentes de tortura.

“Según denunciaron públicamente los familiares, por el examen médico forense, la víctima presentaba contusiones en varias partes del cuerpo, 13 costillas rotas y traumatismo encéfalo craneano, presumiendo que las lesiones habrían sido producidas por otros internos y por un oficial de seguridad como forma de castigo”, se lee en la misiva dirigida al primer mandatario.

Según la nota, los familiares también denunciaron que Crístofer ya contaba con un mandamiento de libertad en ejecución, sin embargo, las agresiones y torturas que sufrió datan de meses atrás, incluso habría sido encadenado anteriormente.

Las instituciones solicitaron a Arce se asuman las medidas necesarias con el fin de esclarecer el hecho y tomar las medidas adecuadas de no repetición para evitar más muertes similares. “(Estos hechos) afectan la integridad y dignidad de muchos y muchas ciudadanos/as de nuestra patria, especialmente de población privada de libertad que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad ante la tortura y malos tratos, todavía estamos a tiempo”.

Enfatizaron que, en el sistema interamericano de protección, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la tortura en artículo 5 “de manera terminante”.

Recordaron que el Estado está obligado a prevenir estos hechos en su debido momento, e investigar y castigar de “manera ejemplar”, cuando los actos ya fueron cometidos.

“La tortura y las penas crueles inhumanas y degradantes se constituyen en delitos que destruyen lo más preciado de la persona humana”. El pacto internacional derechos civiles y políticos regula su prohibición absoluta en el artículo 7, que indica que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes, en particular nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”.

También observaron que el Estado boliviano no cuenta con iniciativas legislativas en tratamiento dirigidas a adecuar un tipo penal de tortura que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de Naciones Unidas:

“Se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia (…)”.

Destacaron que el Estado tampoco cuenta con medidas específicas adoptadas para garantizar que estos delitos se castiguen con penas proporcionales a su gravedad, de conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 4 de la señalada Convención: “Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad”.

Sugirieron al Estado pueda adoptar medidas como un sistema de justicia que documente, investigue y procese de manera adecuada las denuncias realizadas por víctimas de tortura, trato cruel, inhumano y/o degradante. Establezca una sección especializada en el Servicio Nacional de Defensa Pública con personas especializadas en la defensa de este tipo de víctimas. Además, que se constituya una Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, incrementando el acceso a la información y la participación de las víctimas y sus familiares en las investigaciones, y las capacidades para la aplicación del Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota.

Los firmantes alertaron que, de persistir la impunidad por hechos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes de la condición humana, como en el caso de la muerte de Crístofer, “estas prácticas no van a detenerse y el estado seguirá viviendo siendo un ente transgresor de Derechos Humanos fundamentales que promueve la violencia en su seno”.

La Paz, diciembre de 2021.

Vea la carta aquí:

carta presidente-crístofer.pdf

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