El ITEI condena la criminalización de la protesta y el actuar abusivo o pasivo de la Policía

Nota de Prensa

Luego de evaluar el accionar de las fuerzas policiales y del Gobierno en el paro nacional en contra de la Ley 1386 de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, desarrollado entre el 8 y 16 de noviembre de este año, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) condenó que el Gobierno criminalice la protesta ciudadana a través del actuar abusivo, desmedido e innecesario de la fuerza policial -en algunos casos-, y pasivo –en otros.

El pronunciamiento se dio en el marco del informe final de recomendaciones y observaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado boliviano respecto a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, emitido el 3 de diciembre pasado por el Comité contra la Tortura (CAT) del Sistema de Naciones Unidas.

El ITEI llamó al Gobierno a hacer cumplir la normativa vigente y a respetar los derechos ciudadanos, “para lo cual (el Gobierno) debe llegar a acuerdos y consensos sobre las demandas y preocupaciones de la población que realiza las acciones de protesta”, planteó.

“El ITEI condena la flagrante vulneración a los derechos humanos de los ciudadanos, identificada en los nueve días de la medida de presión. Ello, tanto en los hechos de uso excesivo y abusivo de la fuerza policial, como en los casos en los que las fuerzas del orden se han caracterizado por su inacción, propiciando el enfrentamiento entre sectores afines y contrarios al Gobierno”, comunicó la institución en un documento.

En su informe final, luego de recibir el informe del Estado boliviano, el CAT indicó que, conociendo los datos de vulneraciones de Derechos Humanos en las protestas sociales en 2019, instó a Bolivia a acelerar las investigaciones, procesos judiciales y sanciones a los responsables de actos de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza. Para evitar futuras vulneraciones similares durante nuevas protestas sociales, recomendó al Estado adoptar las medidas necesarias para regular la actuación de la policía y las Fuerzas Armadas conforme a criterios estrictamente profesionales y para garantizar su subordinación a las autoridades civiles.

Asimismo, encomendó a Bolivia establecer protocolos eficaces que regulen la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas sociales.

Respecto a los hechos de noviembre de este año, el ITEI enumeró algunas de las vulneraciones evidenciadas durante la medida de presión, que fueron publicadas por medios de comunicación y en redes sociales, uno de ellos donde un efectivo policial, en Santa Cruz, apuntando con su arma a un adolescente que se encontraba en bicicleta; otro, en la misma ciudad, cuando efectivos del orden empujan a una persona con discapacidad y le obligan a retirarse de un punto de bloqueo pacífico. En un tercer evento, en Cochabamba, cuando uniformados rocían con gas lacrimógeno directamente al rostro de manifestantes, que se encontraban a poca distancia.

“El ITEI está al tanto de que no se puede criminalizar la protesta social, puesto que las personas tienen el derecho a protestar y a expresar libremente su opinión. De tal modo, no existe la necesidad, ni tampoco la base legal, para que la policía agreda o encañone a las personas, ni para que haga uso a discreción, y de forma desproporcionada, de armas biológicas como los gases lacrimógenos”.

La ONG cuestionó la permisividad del Gobierno ante este accionar de la policía, y también la pasividad de la misma fuerza del orden que permitió enfrentamientos entre quienes apoyaban el paro y quienes lo rechazaban, propiciando la generación de la violencia.

La institución recordó al Gobierno que las protestas sociales pacíficas se encuentran protegidas por la Constitución Política del Estado y por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; “entendiendo la utilización de los términos de “protesta social” o “manifestaciones públicas” para identificar cualquier acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de oposición, denuncia, abuso de poder o reivindicaciones políticas, sociales o culturales, que pueden incluir apoyo o crítica al propio Gobierno, así como la reacción o denuncia ante una política o problema determinado”.

“La Constitución boliviana, en su artículo 21, garantiza la libertad de pensamiento, de expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”, citó en el pronunciamiento.

El ITEI destacó los pronunciamientos y recomendaciones de organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) Bolivia y del director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, que observaron el accionar de la policía y del Gobierno. “Las recomendaciones deben ser tomadas en cuenta también para futuras protestas sociales y ciudadanas, ya que el accionar abusivo, desmedido e innecesario de la policía -en ocasiones- y pasivo y contemplativo –en otras- es reiterativo cada vez que se dan protestas de sectores sociales o grupos ciudadanos”.

Durante los días de paro también se registraron agresiones a miembros de la prensa en las ciudades de Potosí Oruro, Santa Cruz y La Paz, en este último, posterior a la suspensión del paro.

“Estas acciones, en el caso de la prensa, contravienen disposiciones que garantizan la labor periodística enmarcadas en la Constitución Política del Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley de Imprenta y el Código Nacional de Ética Periodística. Además, desvelan el incumplimiento de la misión de la Policía Boliviana de defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes”, se lee en el pronunciamiento.

Lea el comunicado aquí:

Posicionamiento ITEI sobre la criminalización de la protesta.docx

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La Paz, diciembre de 2021.